Brasil. Se reducen áreas protegidas y se les da amnistía a quienes talaron
La aprobación de una ley que reduce áreas protegidas y amnistía a quienes talaron superficies en la Amazonia, a pocas semanas de la cumbre Rio+20, es un triunfo del sector agropecuario y una derrota de los ecologistas, que piden el veto.
Los legisladores acogieron con 247 votos a favor, 184 en contra y dos abstenciones la reforma de una ley de 1965 que establece las áreas mínimas de protección de bosques en los diferentes ecosistemas del país, con base en un texto elaborado por Paulo Piau, un diputado defensor de los agricultores de la zona.
Su propuesta había generado polémica al eliminar una norma que había sido aprobada por el Senado que establecía áreas de protección permanente en las orillas de ríos, considerada crucial para la preservación de las reservas fluviales del país, y dejó la definición de esas zonas de preservación forestal en manos de cada uno de los 27 estados.
"Intentamos construir un texto que no expulsara a ningún productor ni ningún trabajador del campo brasileño. Hacer una ley para expulsar un solo hombre del campo no sería una ley buena ni justa``, sostuvo Piau.
"La reforma aprobada es el mayor retroceso ambiental en Brasil en décadas" porque "promueve una amnistía para quienes deforestaron ilegalmente en la última década, deja grandes áreas que no serán reforestadas y reduce lo que los productores deben proteger", denunció, por su parte, el coordinador del Fondo para la Naturaleza WWF en Brasil, Carlos Rittl.
"Aprobaron un texto que presenta incentivos reales a nuevas deforestaciones", denunció el Comité en Defensa de los Bosques, que agrupa a 163 ONG brasileñas.
Muchos analistas ya anticipan las críticas en la cumbre de la ONU Rio+20, cuando más de 100 gobernantes debatirán en junio en Brasil el desarrollo sustentable del planeta.
"Brasil no tiene la condición moral de recibir jefes de Estado de todo el mundo para discutir la sustentabilidad si aprueba semanas antes una ley que prácticamente destruye la conservación de la vegetación nativa", afirmó a la prensa el exviceministro de Medio Ambiente y director del Instituto Democracia y Sustentabilidad, Joao Paulo Capobianco.
El texto, aprobado por un poderoso lobby agropecuario ávido por ampliar las tierras cultivadas y que tiene holgada mayoría en el Congreso, no es el que esperaba el gobierno, que analiza su alcance.
ALARMA. Un estudio divulgado recientemente por la Universidad de Brasilia estimó que la nueva legislación podría aumentar en 47% la deforestación para 2020.
"La presidenta analizará con mucha serenidad, sin animosidad" la posibilidad de vetar el texto o partes del mismo, declaró este jueves el ministro de la Secretaría de la Presidencia, Gilberto Carvalho. "Tenemos mucha responsabilidad con el país", dijo.
"Cualquier cuestión que en la práctica signifique amnistía (para quienes talaron ilegalmente), creo que tiene posibilidades de sufrir el veto" presidencial, afirmó a la prensa la ministra de Relaciones Institucionales, Ideli Salvati.
La coalición de gobierno se dividió en la votación, y ahora unos defienden la reforma y otros el veto presidencial.
Marina Silva, exministra de Medio Ambiente, llamó a apoyar la campaña ¡Veta Dilma! que circula en Internet, apelando a la promesa electoral de Dilma Rousseff de vetar una reforma que impulse la deforestación o amnistíe a quienes deforestaron ilegalmente.
"Presidenta Dilma: tenga coraje y vete los dispositivos que conceden amnistía a la deforestación ilegal``, dijo el diputado Ivan Valente, del Partido Socialista y Libertad.
INTERESES. La reforma enfrenta dos caras de Brasil: la del gigante agropecuario con exportaciones récord y cuyos cultivos ocupan el 27,7% del territorio, y la del país con 5 millones de kilómetros cuadrados de bosques que cubren más del 60% del territorio de esta nación, que consiguió reducir la deforestación amazónica de 27.000 kilómetros cuadrados en 2004 a poco más de 6.000 kilómetros cuadrados en 2011.
"Si no hay un veto de la presidenta, Brasil perderá la credibilidad y las conquistas que llevaron al país a reducir la deforestación", dijo Paulo Moutinho, del Instituto de Investigación Ambiental de la Amazonía.
En el sentido opuesto, la senadora Katia Abreu, presidenta de la Confederación Nacional de Agricultura, conmemoró la votación y sostuvo que la ley es fundamental para que Brasil continúe entre los mayores productores mundiales de alimentos. Señaló que el país tiene 61% de su territorio bajo alguna forma de protección y 27,7% se dedica a la agricultura.
Brasil es uno de los mayores emisores de gases nocivos al planeta debido a la deforestación, que el país se comprometió a reducir en 80% para 2020.
Los agricultores aseguran que la nueva ley no impulsará la deforestación y defienden la reforma porque la legislación anterior "era incompatible con el grado de evolución del agronegocio brasileño", dijo Assuero Doca Veronez, alto dirigente de la Confederación Nacional de la Agricultura.
Agricultores y ecologistas estaban de acuerdo con reformar la ley y el gobierno estaba dispuesto a flexibilizar algunas exigencias para que los agricultores pudieran reforestar parte del territorio talado, pero con la reforma actual la recuperación de bosque se reduce al mínimo y las áreas protegidas caen.
La importancia de esta ley, que define lo que los propietarios rurales deben proteger, se debe a que de los 5,3 millones de kilómetros cuadrados de selvas y bosques que tiene Brasil, sólo 1,7 millones están bajo protección del Estado, y el resto en tierras privadas.
Fonte: Marcelo Segalerba/El País Digital
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