Guardianes de Corcovado lidian con la escasez de armas y personal para hacer su trabajo
Guardaparques, una lucha contra los oreros y el propio sistema
Corcovado. Caía apenas la noche del domingo 19 de mayo cuando el sonido de los miles de insectos que colman el Parque Nacional Corcovado se rompió con el estruendo de 14 detonaciones de dinamita.
En el improvisado campamento levantado en medio de la nada en las entrañas del parque, seis oficiales de la Fuerza Pública y tres guardaparques dejaron lo que hacían para mirar hacia la inmensa oscuridad, en un esfuerzo por ubicar de dónde salían las explosiones.
Unos decían que había que ir a inspeccionar el área; otros se opusieron debido al riesgo que eso significaba. En lo único en que todos estaban de acuerdo era que aquellos estallidos solo podían tratarse de la extracción ilegal de oro.
A la mañana siguiente, hicieron la inspección y notaron los daños. A unos 300 metros del campamento, una ladera yacía en el río. Era material listo para ser lavado como parte de la meticulosa búsqueda del preciado metal.
Todo eso ocurrió en una de las zonas del parque con más actividad de extracción ilegal de oro, donde los funcionarios estatales deben lidiar también con pésimas condiciones para hacer los patrullajes.
El gato y el ratón. Ni la noche del 19 de mayo ni la mañana del 20 hubo contacto entre los cuidadores y los oreros, pero no siempre ha sido así.
Los guardaparques relatan que algunos de ellos, o sus compañeros, han tenido que enfrentarse cuerpo a cuerpo con los oreros por la resistencia al arresto.
“A un compañero un orero le llegó por detrás y le apuntó con una pistola en la cabeza, puso el dedo sobre el gatillo, pero el arma no le funcionó. Luego, con otros guardaparques, se pudo detener a esa persona”, contó Villalta.
Para ese momento, no había ocurrido en Limón la muerte del ambientalista Jairo Mora , pero tras una consulta, admiten sentir miedo de que les pase lo mismo.
Desde inicios de este año, las autoridades del Minae se llevaron 23 armas para cambiarlas, unas por están mal inscritas y otras porque estaban en mal estado. Hasta la semana pasada, seguían sin armas.
Casos así acaban en los tribunales, pero lo cierto es que en tres años, de 60 denuncias solo una llegó a juicio.
La única mejoría ha sido que, desde junio, el Juzgado de Flagrancia de Corredores comenzó a considerar la orería como un delito y sentenció a dos oreros a tres meses de cárcel, aunque dos quedaron libres por falta de antecedentes.
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