Los Agentes Forestales y Medioambientales de España están en
contra de la Ley de
Montes que pretende aprobar el PP por los siguientes
aspectos:
1.-La reforma va a afectar de manera significativa la
actividad profesional de estos
funcionarios públicos al limitar su condición de policía
judicial. El texto planea
subordinar a este colectivo de 6.400 funcionarios a las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
y rebajarlos a la categoría de 'auxiliares'. Este hecho
impedirá que los Agentes
investiguen delitos medioambientales, con la pérdida de
eficacia que esto supone en la
defensa del patrimonio medioambiental de nuestro país. En
vez de optimizar el servicio
público con esta medida se aumentan las duplicidades,
haciendo que intervengan varios
Cuerpos ante un posible ilícito penal. Todo ello supondrá un
mayor coste económico al
erario público.
2. Bajo el concepto abstracto de “razones imperiosas de
interés público de primer
orden” la nueva Ley establecerá una excepción que permitirá
la construcción en zonas
forestales incendiadas. Con ello se vuelve a abrir las
puertas a los incendios
especulativos.
3.-La gestión forestal de España también se verá afectada,
ya que elimina la necesidad
de contar con planes de gestión en los montes privados y
públicos no catalogados,
reduciendo el control sobre los aprovechamientos forestales,
en detrimento de la
conservación de la biodiversidad, y suponiendo un retroceso
con respecto a la normativa
anterior. Además, la no obligatoriedad de contar con estos
planes de gestión en los
montes, va a provocar todavía más abandono de los mismos y,
en consecuencia, un
aumento de los incendios.
4.- Se regula la caza en una Ley que no le corresponde,
atendiendo a los intereses de
ciertos sectores cinegéticos.
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